La avaricia rompe el saco

En el año 2007 se iniciaba la instrucción del caso Palma Arena, proceso judicial por corrupción, a raíz de una denuncia del Consejero de Deportes del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, que sostenía que el anterior gobierno autonómico del Partido Popular, presidido por Jaume Matas, había gastado un total de 90,6 millones de euros para el velódromo de Palma de Mallorca, casi el doble de los 48 millones presupuestados. Se inició la instrucción judicial por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho.

El caso tenía 25 piezas separadas, una de ellas es el caso Nóos, abierto tras descubrirse dos convenios de colaboración del gobierno balear y el Instituto Nóos, al mando de Iñaki Urdangarín, marida de la infanta Cristina. El juez instructor José Castro vio indicios de apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

El diario El País sacó a la luz documentación en la que aparecían unos presupuestos cercanos a los 5.800.000 millones de euros, por la realización de un evento internacional por el Instituto Nóos, así como trabajos por el este Instituto, que no se llegaron a realizar. Además de ser los presupuestos desorbitados, los convenios, según el criterio del instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción, son irregulares, dado que las organizaciones públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas, salvo que se se justifique que sea la única forma posible de prestar el servicio.

La instrucción del caso siguió su curso y sus abogados le convencieron para que declarase que todo había sido un error, un malentendido burocrático relacionado con la fundación subsanable, que incluso podía estar amparado por la ley, que devolviera el dinero y pactase con la Fiscalía. Estrategia defensiva que parece ser apoyaba el propio Rey.

Pero en su declaración, en febrero de 2012, no siguió la línea defensiva aconsejada por sus asesores jurídicos. Acusó al instructor y fiscal de ir a por él sin pruebas. Se negó a devolver el dinero y a pactar con la Fiscalía.

Entonces el juez abrió una pieza separada e investigó todo lo que había tras el Instituto Nóos. Y aparecieron muchos asuntos turbios. La infanta Cristina acaba siendo imputada y la institución monárquica fue puesta en entredicho, provocando una grave crisis de imagen.

La avaricia rompió el saco. Nada nuevo bajo el Sol.

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